São Paulo.- El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil presentó este viernes un recurso contra la decisión judicial de mantener una subasta de 19 concesiones petroleras en áreas próximas a la desembocadura del río Amazonas, una movida que antecedió a la licencia obtenida esta semana por Petrobras.
Según la nota de la Fiscalía, divulgada por Agência Brasil, la subasta en la que Petrobras se hizo de las concesiones en la cuenca de Foz do Amazonas, esta polémica región, no contó con un estudio profundo sobre los impactos climáticos ni una evaluación ambiental sobre la capacidad de la respectiva cuenca sedimentaria.
«El MPF sostiene que la ausencia de estudios y consultas en la fase previa a la licitación constituye una grave infracción del ordenamiento jurídico y de los compromisos internacionales asumidos por Brasil», afirmó el organismo, que resaltó además la necesidad de realizar consultas previas a las comunidades indígenas.
El Ministerio Público realizó el pasado 12 de junio una denuncia ante la Justicia contra la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), el regulador a cargo de la subasta, bajo estos mismos argumentos.
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Sin embargo, cinco días después de la presentación judicial se realizó la subasta en la que Petrobras se adjudicó diez concesiones en esta región marina próxima a la desembocadura del río Amazonas. Las otras nueve se las adjudicó un consorcio integrado por Chevron (65 %) y CNPC (35 %).
Un grupo de ocho ONG, entre las cuales están Greenpeace y WWF, presentaron una denuncia ante la Justicia brasileña para anular el permiso y suspender de forma cautelar la perforación, que Petrobras inició nada más obtener la autorización para explorar las reservas de crudo.
Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil defendió en una nota el «rigor» del proceso de licenciamiento, que duró casi cinco años, y dijo que la petrolera había introducido mejoras en el proyecto para responder a hipotéticas emergencias.
El área tiene un potencial de 10.000 millones de barriles recuperables y puede atraer inversiones por 300.000 millones de reales (55.000 millones de dólares) a un país que ya es el séptimo mayor productor de crudo del mundo, según el Gobierno.
El permiso petrolero llega a menos de un mes de que Brasil acoja la cumbre climática de la ONU (COP30) en la ciudad amazónica de Belém, evento en el que el país quiere presentarse como líder mundial en la agenda ambiental.