El director de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), Elías Báez, informó que durante una jornada de supervisión realizada este domingo en clínicas, farmacias y laboratorios, se identificaron varios hallazgos que obstaculizan la atención eficiente y oportuna a los afiliados del sistema de salud.
Entre los casos más relevantes, Báez destacó la cancelación del contrato entre la Clínica Cruz Jiminián y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), lo que afecta directamente a los pacientes del régimen subsidiado.
“Lo veo mal porque allí acuden personas de escasos recursos, y los subsidiados podían recibir atención en esa clínica. También hay quejas sobre SeNaSa, porque están tardando mucho en autorizar servicios y exigen preaprobación en las farmacias”, señaló el funcionario.
Irregularidades en farmacias
- Otro de los hallazgos reportados por la DIDA es que algunas farmacias no entregan la copia de la receta médica cuando solo disponen de parte de los medicamentos prescritos, lo que viola la resolución de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).
Báez explicó que dicha normativa obliga a las farmacias a sellar y entregar una copia de la receta cuando el afiliado no puede adquirir todos los medicamentos, para que pueda completar su compra en otro establecimiento. “No lo están haciendo. Además, hay un formulario que deben llenar y no lo completan, y algunas ARS tampoco aceptan la copia cuando se entrega”, puntualizó.
Llamado a la SISALRIL y seguimiento a las supervisiones
El titular de la DIDA hizo un llamado a la SISALRIL para que refuerce los mecanismos de control y cumplimiento de las normas, advirtiendo que las supervisiones continuarán en todo el país con el fin de proteger los derechos de los afiliados.
- Asimismo, Báez indicó que también se detectaron demoras en la aprobación de servicios en laboratorios y farmacias, debido a procesos lentos de confirmación por parte de algunas Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). “A veces los laboratorios deben llamar varias veces para que aprueben un servicio, y las respuestas tardan mucho o nunca llegan”, dijo.
Finalmente, el funcionario recordó que, conforme a la Ley 87-01 de Seguridad Social, la DIDA tiene la responsabilidad de monitorear el sistema y velar por la calidad del servicio ofrecido a los afiliados. Estas acciones, explicó, se realizan para garantizar el acceso y la protección de los derechos de los usuarios, especialmente tras las recientes afectaciones ocasionadas por las condiciones climáticas en el país.