La dinámica económica de la República Dominicana ha tenido un alto componente de actividades de construcción en los últimos años, tanto de edificaciones residenciales, como comerciales, sin embargo, según el Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas 2024, apenas el 36.24 % de las empresas constructoras contaban con los permisos ambientales requeridos para el 2023.
El informe de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) también revela que sólo un 8.60 % de las empresas disponía de plantas para el tratamiento de aguas residuales, lo que las llevó a depender de servicios externos y a enfrentar costos adicionales junto con el riesgo de sanciones.
A pesar de estos desafíos, la adopción de certificaciones como la ISO 14001 ha comenzado a ser vista como una ventaja competitiva; si bien su implementación inicial representa un desembolso significativo, a largo plazo facilita la optimización de recursos, mejora la eficiencia energética y reduce desperdicios.
En términos laborales, señala que el concepto de empleo verde, que incluye a trabajadores enfocados en minimizar el impacto ambiental, aún tiene una presencia limitada en el sector construcción. Solo el 29.34 % de las empresas reportaron contar con empleados dedicados a estas funciones, lo que indica que la sostenibilidad no se ha integrado plenamente en sus operaciones.
Ante el endurecimiento global de las regulaciones ambientales, el documento indica que la contratación de especialistas en sostenibilidad se ha convertido en una necesidad creciente, impactando directamente los costos laborales y operativos del sector. Estos factores han influido considerablemente en el Índice de Costos Directos de la Construcción (ICDV), ya que el cumplimiento normativo y la gestión adecuada de residuos han alterado la estructura de costos del sector.
Puntualiza que con sólo un 29.34 % de las empresas reportando empleados dedicados a minimizar su impacto ambiental, evidenciando que la sostenibilidad aún no es una prioridad generalizada. Sin embargo, subraya que la creciente presión normativa está impulsando al sector hacia prácticas más sostenibles.