La decimosexta Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa, celebrada este martes en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), abordó el tema “Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada” y puso de relieve la necesidad de establecer un marco regulatorio que impulse la mejora y modernización del sector de vigilancia y seguridad privada en la República Dominicana.
El coronel paracaidista José Alberto Hernández Rivera, subdirector de Operaciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), señaló que el país carece de un reglamento específico que norme las operaciones de este sector, lo que limita la posibilidad de ofrecer servicios debidamente regulados y con personal capacitado.
Hernández Rivera también destacó que la informalidad, la falta de formación profesional y la ausencia de adaptación tecnológica son los principales desafíos que enfrenta la seguridad privada en el país. “Debemos avanzar hacia la era digital, con énfasis en ciberseguridad, videovigilancia con inteligencia artificial y sistemas de posicionamiento global, entre otras herramientas tecnológicas”, enfatizó.
Por su parte, Víctor Garrido, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada (Adesinc), subrayó la urgencia de implementar sistemas electrónicos avanzados que respondan a las nuevas amenazas de seguridad. Entre las tecnologías prioritarias mencionó el uso de lectores biométricos, reconocimiento facial, cámaras, sensores, georreferenciación y software de control, además de una conexión en tiempo real con los centros de monitoreo y autoridades competentes.
En tanto, el diputado Tobías Crespo (Fuerza del Pueblo) recordó que, a pesar de haberse presentado varias iniciativas legislativas para regular el sector, estas no han prosperado.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad adscrita al Ministerio de Defensa y creada mediante el Decreto No. 216-04 del 11 de marzo de 2004, tiene entre sus funciones evaluar las solicitudes de operación de servicios de vigilancia privada, supervisar el uso legal de armas y mantener control sobre las empresas autorizadas, aunque aún no cuenta con una normativa específica.
Inteligencia Artificial y justicia
El evento también reunió durante dos días a jueces, académicos y expertos en tecnología de Europa, Estados Unidos y América Latina, quienes analizaron los retos éticos, regulatorios y prácticos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas judiciales y su impacto en la labor jurisdiccional.
La ceremonia de apertura contó con la participación de destacadas personalidades, entre ellas la embajadora de España, doctora Lorea Arribalzaga Ceballos; el exvicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque; el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán Mejía; la doctora Rosario García Mahamud, directora del CEPC; y la doctora Josefina Pimentel, rectora del IGLOBAL, entre otros.
El licenciado Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, pronunció el discurso inaugural, en el que destacó que el congreso representa “un compromiso con la innovación ética y con una visión compartida del futuro judicial”.
El encuentro incluyó paneles sobre ética judicial y responsabilidad algorítmica, uso de IA en la gestión de expedientes, transformación digital comparada y el equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos fundamentales.
Entre los ponentes internacionales participaron la doctora María Mercedes Serrano (Universidad de Castilla-La Mancha), la magistrada Ana María Ramos Serrano (Corte Constitucional de Colombia), la doctora Rosario García Mahamud (CEPC), el magistrado Alfonso Peralta Gutiérrez (España) y el magistrado Amaury Reyes Torres (Tribunal Constitucional de República Dominicana).