El diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, consideró que ha llegado el momento de colocar la salud mental como una prioridad nacional, ante el creciente impacto de los trastornos mentales en la población dominicana.

El legislador señaló que el Congreso Nacional se encuentra actualmente inmerso en el estudio del Proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2026, así como en la modificación de la Ley de Seguridad Social, lo que, a su juicio, representa una oportunidad idónea para fortalecer las partidas destinadas al sector salud, especialmente en el componente de salud mental.

Raposo sostuvo que es necesario aumentar el presupuesto destinado a esta área y ampliar las coberturas para las personas que padecen enfermedades mentales, a fin de garantizar una atención oportuna y de calidad.

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Al menos 20% de los dominicanos tiene algún tipos de padecimeinto mental

Durante un turno ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el congresista citó datos de especialistas que indican que más del 20 % de los dominicanos sufre algún tipo de padecimiento mental. Asimismo, afirmó que unas 300,000 personas padecen de esquizofrenia, de las cuales alrededor de 150,000 no reciben tratamiento médico, siendo la mayoría jóvenes entre los 18 y 29 años de edad.

El diputado también reveló que durante el año 2024 se registraron 651 suicidios en el país, lo que equivale a un promedio de 54 casos mensuales, y que el 59.5 % de estos estuvieron relacionados con trastornos mentales.

Lamenta

Raposo lamentó que, a pesar de la gravedad de estas cifras, la República Dominicana figure entre los países de América Latina que menos recursos asignan a la salud mental dentro de su presupuesto nacional.

Finalmente, el legislador del PRD afirmó que es urgente que el Ministerio de Salud Pública implemente políticas públicas claras, orientadas a la prevención, la ampliación de las coberturas y la garantía de los derechos de las personas que padecen trastornos mentales, lo cual, aseguró, solo será posible mediante una mayor inversión estatal y un marco legal fortalecido que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población.

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